Honduras en sus manos
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Hacia 1969 vivían en Honduras entre 25,000 y 300,000 salvadoreños, la mayoría de ellos en forma ilegal. Ellos estaban en nuestro país en busca de tierras para cultivarlas. López Arellano optó por iniciar una deportación masiva de salvadoreños, y entregarles predios de tierra a los hondureños. También existió el problema fronterizo entre las dos naciones. Y otro factor para la guerra es el desequilibrio de importaciones y exportaciones en el mercado Común Centroamericano de 1958, saliendo como poco beneficiados Honduras y Nicaragua.
El 14 de julio de 1969 el territorio hondureño fue agredido por la guardia Nacional de El Salvador, que ataco sorpresivamente varios puntos de la línea fronteriza y bombardeo Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa, Santa Rosa de Copan y Catacamas. En la parte sur occidental de país, él ejército salvadoreño logro apoderarse por poco tiempo las ciudades de Ocotepeque, San Marcos de Ocotepeque, y de los pueblos fronterizos de Goascoran, Alianza, La Virtud y Aramencina. El Gobierno de López Arellano denunció la agresión ante la organización de los Estados Americanos para que conociera de ella la conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión de Consulta, organismo que ordenó el alto al fuego.
Debido a la situación creada por la guerra en 1969, se consideró necesario resolver la cuestión de la sucesión presidencial de acuerdo con un Plan de Unidad Nacional, iniciativa propuesta a los partidos políticos por López Arellano, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP y la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), proposición que fue considerada y aceptada por las dirigencias del Partido Nacional y el Partido Liberal conforme a las siguientes bases:
Cada partido tendrá derecho a inscribir 32 candidatos a diputados propietarios y 32 suplentes. La directiva del congreso estará integrada por representantes de ambos partidos, pero la presidencia la tendrá el mismo partido al que pertenezca el Presidente de la Republica.
Las elecciones de las autoridades municipales se efectuaran sin compromisos partidistas especiales, pero dentro de los preceptos de las respectivas leyes.
Los partidos políticos se comprometen a escoger los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una nómina de 30 abogados que llenen con los requisitos que la Constitución señala. La nómina será propuesta por los partidos al Colegio de Abogados que los escogerá por votación. La mayoría de miembros y la presidencia de la Corte corresponderá al partido que no obtuvo la Presidencia de la Republica.
Para desempeñar la Contraloría y Procuraduría General de la Republica, los partidos se comprometen a escoger personas idóneas y legalmente hábiles, y su escogencia deberá ser no partidista.
En cuanto a la designación de presidente de la republica ambos partidos convienen que sea la manifestación directa y soberana de la voluntad del pueblo a través de elecciones.